A pesar de ello, había establecida una cuota, que en mi época suponía seis céntimos por familia, y que las federaciones debían pagar según las familias que ellos mismos declaraban. No obstante, siempre había que abonar una cuota para tener derecho al voto en los órganos de gobierno.

Esta obligada confianza en el número de familias declaradas por las federaciones se complicó mucho más cuando, a partir de determinado momento, el Ministerio de Educación empezó a solicitar a las confederaciones nacionales – CONCAPA Y CEAPA – una certificación de los socios que integraban cada una de las federaciones. No bastaba con declarar el número de federaciones afiliadas, también éstas debían emitir un certificado en el que figurara el número de familias afiliadas. De esta manera, el cobro efectivo de la subvención de CONCAPA se hacía depender de terceras entidades que, aun estando vinculadas en su condición de socios, en la práctica se sentían ajenas. Si nos certificaban el número real de socios, se delataban ante el compromiso de pagar una cuota, puesto que se hacía en función del número de socios.

La CEAPA, que venía a percibir prácticamente el doble de subvención que la CONCAPA, no tenía este problema dado que sus socios no están obligados a pagar cuota. Por lo tanto, la certificación de sus federaciones podía hacerse acreditando socios con holgura sin que por ello se derivaran consecuencias internas para la confederación. He aquí el alcance de una de las mentiras democráticas a las que estamos sometidos en el mundillo de las asociaciones. La ley contempla que las asociaciones deben cumplimentar el libro registro de socios, pero las distintas administraciones autonómicas no lo exigen y, por lo tanto, la representatividad no se acredita legalmente. En CONCAPA se cursaron directrices para que se cumplimentaran estos libros, pero no siempre fueron seguidas.

La penuria económica en la que se encontraba la CONCAPA era tal que tuvimos que idear alguna acción audaz y atrevida. En una organización de esta dimensión, los recursos económicos son esenciales para llevar adelante una actividad eficaz. Las organizaciones profesionales afines a la CONCAPA, tales como FERE, EyG y CECE, así como los sindicatos de profesores de la enseñanza concertada, nos exigían continuamente que la voz de los padres se escuchara en los medios de comunicación social y que los políticos contaran con nosotros para la toma de decisiones. Y así debía ser. Ellos eran los primeros interesados, aunque preferían tener controladas nuestras acciones.

La junta directiva de estos años de mi presidencia tuvimos el acierto de no contraer deudas que nos hipotecaran a nosotros y a quienes nos sucedieran. Pero esto no ocurrió con quienes nos antecedieron. Además de aquella sempiterna deuda que existía con la Confederación Valenciana, apareció otra contraída con la FERE. Sin esperarlo, nos lo hicieron saber a través de una carta en la que se nos invitaba a devolver una cantidad considerable que, al parecer, habían prestado a la CONCAPA durante la anterior presidencia. La carta en cuestión, y el acto en sí de reclamarnos una deuda, conociendo en la FERE cuál era nuestra realidad económica, no tenía desperdicio. En cuanto a nosotros, aquella deuda no constaba en nuestra contabilidad y nadie nos la había mencionado antes. No podíamos aceptarla sin más y, finalmente, la FERE fue compresiva y nos la condonó. Además estuvieron dispuestos a colaborar con nosotros en la llamada “campaña del euro”.