Incertidumbre ante el gobierno de Rodríguez Zapatero

¿Qué efectos inmediatos y a largo plazo tendría, en su opinión, la pretensión del Partido Socialista de acabar con la obligatoriedad de la enseñanza de la asignatura de Religión?

La visión que algunos tenemos de la educación es mucho más profunda de la que, con frecuencia, aportan algunos partidos políticos. La mediocridad con la que hoy en día, cada vez con más frecuencia, se abordan cuestiones tan relevantes como las relaciones conyugales, el tener o no tener hijos, el concebirlos y no tenerlos, el que éstos puedan o no ser adoptados más o menos caprichosamente, o cuestiones tan aparentemente simples como poner máquinas expendedoras de preservativos en los centros educativos, es fruto a mi juicio de una visión muy primaria y simple sobre la convivencia humana.

La asignatura de religión intenta aportar a la educación formal, precisamente y en gran medida, esta visión profunda y trascendente del hombre y de su casuística. Es decir, de esta manera se aborda, o al menos se intenta, una verdadera educación integral de la persona. Para la dinámica política no es conveniente tanta profundidad. Las elecciones no se ganan con discursos profundos, sino todo lo contrario. Se ganan con planteamientos sumamente primarios que responden fundamentalmente a emociones e impulsos.

Estas van a ser las consecuencias, a corto y a largo plazo, de medidas como la de eliminar la religión del ámbito educativo; teniendo en cuenta, además, que vendrá acompañada de otras tantas que reforzarán la mediocridad académica. El político empecinado en gobernar a toda costa procurará que desde el sistema educativo se imparta una mediocre instrucción ausente de toda visión humanística y trascendente; eso sí, envuelta en el celofán de la “educación en valores”.

¿Y sobre el propósito de favorecer la enseñanza pública en detrimento de la privada?

Mejorar la enseñanza pública es razonable, necesario, conveniente y muy complicado; porque no se va a conseguir sólo gastando grandes cantidades de dinero. Que se haga en detrimento de la escuela privada, y en particular de la católica que es fundamentalmente el objetivo, me parece no sólo un error de bulto sino un recorte gravísimo en los derechos y libertades de los ciudadanos.

A veces, uno tiene la sensación de que estas consecuencias no son valoradas por los electores. En parte por esa visión tan primaria de la que antes hablaba. Sin embargo, con políticas tan radicales, nos acercamos más a los regímenes estalinistas que a los democráticos.

Y ya que con tanta frecuencia nos estamos moviendo por sensaciones, me va a permitir que le manifieste la mía. Tengo la sensación de que a los padres, aunque prefiramos mayoritariamente los colegios religiosos para nuestros hijos, si nos vemos obligados no nos importará llevarlos al colegio que nos oferte el Estado. Sólo unos cuantos nos atreveremos a levantar nuestra voz.

¿Y los efectos en una revisión de los conciertos?

Esta revisión, creo que no se llevará a cabo. Primero porque fue el Partido Socialista el que los estableció. Los propietarios de los colegios lo admitieron en su día como un mal menor, aunque no cubren suficientemente las necesidades de los centros. Sin embargo, mientras los padres estén más o menos concienciados de la necesidad de contribuir económicamente con el colegio de sus hijos, los centros podrán ir sobreviviendo.

Creo que el mayor peligro de la escuela católica puede estar en la falta de vocaciones religiosas. He sido ya testigo directo del cierre de dos colegios por este motivo. Por otra parte, los detractores de la escuela católica no necesitan modificar el sistema de conciertos para terminar definitivamente con ella. Lo están haciendo en Andalucía descaradamente y no somos capaces de poner coto a los desmanes educativos del señor Chaves.

La revisión de los conciertos educativos más conveniente para los padres sería la de implantar el cheque escolar, que es lo que verdaderamente salvaguarda la libertad de elección, pero a esto no creo que estén dispuestos.

¿Qué aportan los colegios concertados en el ámbito de la educación?

Los colegios concertados están ofreciendo un servicio público que va más allá de la transmisión de conocimientos o la instrucción de los alumnos en determinadas habilidades. Pretenden ofrecer a los educandos una formación integral con referencias, en la inmensa mayoría de los casos, al humanismo cristiano.

Pero no sólo es esto lo que aportan los colegios concertados, aunque por sí mismo ya sería suficiente. Estos colegios le ahorran al Estado, y por tanto a todos los ciudadanos, una cantidad enorme de dinero. De ninguna manera el Estado, de momento, podría hacer frente al coste que supondría eliminar los colegios concertados. Por eso se mantienen, no veo otra razón.

Por otra parte, la diversidad en la oferta educativa facilita, en parte, que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Es una manera añadida de involucrar a los padres. Si bien es cierto que, en muchas ocasiones, se produce el efecto contrario. Los padres eligen y luego “descargan” en el colegio a los hijos despreocupándose de muchas cuestiones que son absoluta responsabilidad de ellos.

A mi juicio, esta es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema educativo: cultivar el encuentro entre la familia y la escuela. Los colegios concertados deberían apostar mucho más decididamente en esta cuestión. Puede que lo tengan más fácil que la escuela pública.

¿Cuál es la máxima preocupación de la CONCAPA con el nuevo gobierno?

Ninguna ley resuelve absolutamente los problemas educativos con los que tiene que luchar el profesor día a día en su aula. A un buen maestro no le derrota una mala ley. Por otra parte, no es de recibo la proliferación de leyes de educación que venimos padeciendo. Nos preocupa enormemente las repercusiones que pueda tener el hecho de tirar abajo una ley como la LOCE que ha sido aprobada por el Parlamento, que lleva el refrendo de la comunidad educativa –al haber sido informada favorablemente por el Consejo Escolar del Estado– y que ha inyectado aires de esperanza entre los profesores y en los centros escolares. Nos preocupa que esto se haga por intolerancia y con cierta visceralidad. Se opusieron radicalmente antes de llegar al gobierno porque pensaban que era la postura que más votos proporcionaría. Nos preocupa el enfrentamiento ideológico al abordar la política educativa, y que repercuta directamente en nuestros hijos, que son las auténticas víctimas de la demagogia y el oportunismo político.

¿Cuáles eran, según su parecer, las ventajas y desventajas de la Ley de Calidad?

La LOCE ofrecía y sigue ofreciendo, mientras el nuevo gobierno no desmantele todo lo que encuentre a su paso, algunos instrumentos que los propios docentes han demandado para solventar los problemas que se encuentran en las aulas. Pero, desde la percepción de los padres, le puedo decir, entre otras cosas, que nos parece muy positivo que nuestros hijos tengan una segunda oportunidad para aprobar las asignaturas suspendidas una vez ha finalizado el curso. Que las calificaciones tengan una baremación entendible por las familias y no aquello de “progresa adecuadamente”. Que nuestros hijos se vean obligados a repetir curso si no han superado el aprendizaje de los contenidos mínimos. Nos parece muy positivo que se reconozca la importancia de la educación entre los tres y los seis años concediendo la gratuidad de esta etapa. Sin embargo, a mi entender, creo que se ha perdido una oportunidad de oro para introducir algún elemento que favoreciera el encuentro y la colaboración entre los padres y la escuela, tan necesario para mejorar la calidad y tan denunciado por los propios docentes.

¿En qué medida puede desfavorecer o favorecer a la enseñanza el aplazamiento de la aplicación de la Ley de Calidad?

La paralización de una normativa con rango de ley no puede traer más que consecuencias negativas. Produce un vacío que, en los distintos escalones administrativos, desde las Consejerías hasta los colegios, paraliza y desconcierta a la hora de organizar los distintos aspectos académicos. Provoca que los nacionalistas, como ha ocurrido con el gobierno de Cataluña, tengan una nueva oportunidad para intentar desvertebrar el sistema educativo.

¿Qué opina la CONCAPA sobre las medidas que está adoptando el tripartido de Cataluña en materia de educación?

Lo que está ocurriendo en Cataluña es lo propio cuando se deja la educación en manos de personas y partidos radicales. Esto es lo que estuvo a punto de ocurrir también en la Comunidad de Madrid. Si además se une a planteamientos separatistas, se puede entender perfectamente lo que está ocurriendo y prever lo que va a ocurrir. Sinceramente, pienso que los ciudadanos no valoran suficientemente las consecuencias de esta radicalización.

¿Tiene previsto la CONCAPA acciones inmediatas de protesta?

A pesar de todo, creo que hay que dar tiempo al tiempo y esperar a que se constituya el nuevo gobierno. Habrá que conversar con la persona que asuma la gestión del ministerio de educación para conocer de primera mano qué es lo que realmente se va a hacer. En coherencia con todo lo que he dicho anteriormente, no conviene contribuir a la crispación.

A pesar de todo, soy optimista y pienso que no llegará la sangre al río. No obstante, el papel que corresponde a la sociedad civil es, precisamente, mantenernos atentos a las acciones de quienes nos gobiernan. La vitalidad de esta sociedad civil es la que proporciona vigor a la democracia, que no debe reducirse a votar cada cuatro años. Esta votación puede estar, y de hecho está, condicionada por multitud de circunstancias. Si es necesario movilizar a la sociedad, lo haremos.