Si la gran masa de población española no resulta beneficiada por este régimen que promueve desigualdades ¿por qué fue votado por la mayoría? Y, por otra parte, ¿a quién le interesa este régimen?

En realidad, por aquel 1978, los ciudadanos fuimos inducidos a votar no un régimen autonómico sino un amplio conjunto de medidas que configuraban la Constitución. O se votaba a favor de todo el texto o se votaba en contra de todo él. Vamos, un todo o nada. Además, se trataba de refrendar de alguna manera el tránsito del régimen franquista a uno democrático en el que una nueva Constitución suponía el principio sobre el que se iba a sustentar. Por aquel entonces, la inmensa mayoría no terminamos de calibrar la importancia y trascendencia de este régimen que nos ha sumido en una espiral de autonomismo difícil, si no imposible, de frenar. Por otra parte, el común de los ciudadanos se adapta a los cambios políticos que les imponen, siendo arrastrados a veces hasta límites irracionales y/o violentos. Es posible que, al plantearse este régimen autonómico, se viera como una forma de atenuar las fricciones con determinadas ideologías de tipo nacionalista, secundadas en aquel momento por minorías más o menos belicosas. Unas minorías que se han ido acrecentando a lo largo de los años gracias a una legislación, implantada por partidos de derecha e izquierda, que las ha promovido y protegido. En la actualidad, ya son estos nacionalismos independentistas radicales los que gobiernan en el país, incumpliendo con total impunidad y a cara descubierta el artículo 2 de la Constitución (en la parte que se alude a la indisoluble unidad… patria común e indivisible de todos los españoles…).

El interés por descentralizar el poder no está en la gran masa de población, que fue y sigue siendo embaucada y seducida con la idea de que lo mejor siempre es acercar la administración al pueblo. La verdad es que el empeño está en otra parte. Está en aquellos que se benefician de múltiples maneras derivadas de una autonomía que genera amplias parcelas de poder y pingües beneficios económicos. Estos personajes forman parte de unas élites que, siendo minoritarias respecto a la gran población, se distribuyen en círculos de influencia, preponderancia y dominio.

Uno de esos amplios círculos con intereses creados es el de los políticos, que se han multiplicado en progresión geométrica. Deben nutrir los diecisiete parlamentos y dos ciudades autónomas, que generan sus correspondientes gobiernos autonómicos, jefaturas de gabinete, asesores, direcciones generales, jefes de secciones y departamentos cubiertos por personal colocado “a dedo” y un cúmulo de personas gestionando recursos y un sin fin de diferencias que pretenden hacer de la propia comunidad la mejor, la más auténtica y genuina de cuantas conforman la geografía española. Detrás de todos ellos, alimentados caudalosamente con nuestro dinero, se encuentran los partidos políticos, con su personal, sus infraestructuras y medios de todo tipo. Unos partidos cuya la afiliación es tan insignificante que se diría que sólo pertenecen a ellos los que pueden sacar tajada.

Los políticos en nuestro país gozan de unos privilegios como en ningún otro. Pensiones vitalicias, pasarelas entre la actividad política y los consejos de administración de las empresas públicas, aforamientos... Toquemos este tema de los aforados, que son prácticamente inexistentes en otros países. En Francia sólo está aforado el presidente de la República y los miembros del gobierno. En Portugal e Italia, tan sólo el presidente de la República. En Estados Unidos, Alemania o Reino Unido no hay aforados. En España hay 250.000 aforados. ¿Van a estar éstos en contra del régimen autonómico que les ha proporcionado privilegios tan suculentos?

Pero estas élites políticas, convertidas en las nuevas oligarquías, no son las únicas beneficiadas del empoderamiento autonómico. Alrededor de estos gobiernos regionales pululan como satélites multitud de asociaciones, entidades y chiringuitos de toda clase y condición que se nutren de cuantiosas subvenciones salidas de las arcas públicas. A su vez, estas entidades ponen a sus representantes en los distintos órganos de representación social. Aunque hay otros diversos, sirvan como ejemplo los consejos escolares.

En España ya existe un Consejo Escolar del Estado, que cuenta con 107 miembros, pero cada una de las Comunidades Autónomas tiene el suyo propio. En ellos están representados los profesores, los padres, los alumnos de enseñanza no universitaria (menores de 18 años), el personal de administración y servicios, las patronales de la enseñanza, la propia administración, algunas personalidades de “reconocido prestigio” (colocados a dedo por el gobierno de turno) e incluso la universidad. Podríamos resumir todo este conglomerado de personal diciendo que su designación se hace -por este orden- desde los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones. El número de quienes los componen es considerable. Sin contar a los del Consejo Escolar del Estado, unos 955 consejeros escolares son autonómicos. Citaré sólo algunas autonomías: en Aragón lo forman 60 personas, en Andalucía 73, en Asturias 44, en Baleares 53, en Cantabria 44, en Castilla - La Mancha 52, en Madrid 62, en Navarra 34,... A todos estos, todavía podríamos sumar los de los consejos escolares territoriales y los municipales.

Ciertamente, no son puestos retribuidos; salvo el de presidente, vicepresidente y secretario. Pero todos se nutren económicamente a través de cuantiosas dietas. Puedo asegurar que supone unos ingresos considerables. Por supuesto, cada consejo escolar requiere para funcionar de personal asalariado y de una infraestructura, con los correspondientes gastos por consumos diversos.

Determinadas élites empresariales también se han visto hechizadas por esta perversa inclinación a los regionalismos, viendo en ello una oportunidad de negocio y de beneficios económicos. De igual manera, el mundo de la universidad tampoco se ha quedado atrás en esto de promover y avalar las autonomías. Citaremos como ejemplo la Universidad Pública de Navarra (UPNA), refiriéndonos brevemente a ella. A pesar de que en Navarra ya existían dos universidades, la Universidad de Navarra (UNA) y la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED), intereses absolutamente políticos llevaron al Gobierno Foral de Navarra, bajo la presidencia del corrupto socialista Gabriel Urralburu, a crear la UPNA en 1987. Esto supuso, y supone, un coste muy alto que debemos sufragar todos los navarros con nuestros impuestos. Pero, al mismo tiempo, se generó un importante número de nuevas élites universitarias con una clara orientación ideológica. Está por ver si era o no absolutamente necesaria, desde el punto de vista académico, una universidad más en una provincia/comunidad tan pequeña como la navarra.

María Elvira Roca Barea detalla el servilismo de la universidad al régimen autonómico

Por ser un personaje público vinculado a esta Universidad Pública de Navarra, sobradamente conocida, nos referiremos a Ana Ollo Hualde, actual vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera. Su entrada en el gobierno es consecuencia de los pactos del PSOE con los nacionalistas y filo etarras. También fue consejera en el gobierno de Uxue Barkos (de pamplona de toda la vida, que se confiesa nacionalista vasca). Uxue se educó en la ikastola San Fermín de Pamplona y estudió en la Universidad de Navarra. Precisamente en la ikastola San Fermín ha sido profesor el actual alcalde de Pamplona José María Asiron Sáez, 'Joseba' para los amigos, perteneciente a Euskal Herria Bildu. ¿Alguien puede imaginar qué educación se imparte en la susodicha ikastola? Para empezar, en un momento dado nos enteramos de que los libros de texto pasaban por la supervisión y aprobación del Gobierno Vasco, mientras que el gobierno navarro de UPN permanecía en la inopia.

Pero regresemos a Doña Ana, también de Pamplona de toda la vida, que se formó en la Universidad de Navarra y en la del País Vasco. Pertenece al partido Geroa Bai, una coalición electoral formada por el Partido Nacionalista Vasco, Atarrabia Taldea y Geroa Socialverdes. Como consejera, una de sus iniciativas fue la de gastar 55.000 € en preguntar a los jóvenes navarros si se sienten vascos. Creó el primer gabinete de prensa de la UPNA y dirigió el servicio de comunicación de la universidad. Sin entrar en la dinámica ideológica cotidiana de la Universidad Pública de Navarra, ¿alguien puede dudar de la intencionalidad política en su creación y de la utilización que se lleva a cabo en la actualidad? Las élites universitarias se han puesto al servicio de las autonomías o, más aún, del nacionalismo separatista, y esto no lo han hecho gratis. La degeneración de la universidad española ha discurrido en paralelo a este cúmulo de excesos orientados a promover y abundar en las diferencias autonómicas.

Todo ello, y mucho más, aderezado, ilustrado, enaltecido, inducido y adoctrinado por un desproporcionado conglomerado mediático. No era suficiente con la prensa local o regional y las emisoras de radio, públicas y privadas (todos ellos fuertemente subvencionados), para construir relatos resaltando, incluso exaltando, las diferencias regionales. Era necesario extender múltiples tentáculos que no dejaran lugar a la duda entre los sufridos ciudadanos. Por eso surgieron las televisiones autonómicas, también costeadas con nuestro dinero, que han proliferado como setas. La excusa, una vez más, es la de ofrecer la información más próxima a los ciudadanos. Ciertamente, a todos nos interesa estar al tanto de lo que ocurre en nuestro entorno más próximo. Ahora bien, las televisiones, y en general los medios de comunicación, deberían ser veraces y no estar supeditados a quienes administran el poder. Todos ellos son utilizados como altavoces de propaganda política y de manipulación al servicio de los gobiernos de turno. Nuevas élites que no van a ceder un ápice defendiendo lo que nos une, antes bien harán todo lo posible por avanzar hacia la rotura. Miremos si no hacia Cataluña, que ya lo tienen bastante adelantado.

De tal forma, todas estas élites se han venido situando en un rango social que flota sobre nuestras vidas. Siempre han existido personajes que han trabajado en favor de sus propios intereses y al cuidado de no perder parcelas de dominio y fuentes de ingresos económicos. Pero nunca como en la actualidad han proliferado de tal manera estas élites locales y regionales, ávidas de poder e influencia y destructoras de todo lo que nos une en nuestra identidad española.

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